“Derechos Humanos y dictadura militar en Chile: La memoria reciente del país desde una perspectiva de derechos humanos”

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La visita almoderno edificio de #Matucana 501 es un viaje en el tiempo a la dolorosa historia reciente del país. El “museo de la memoria” busca visibilizar y hacer reflexionar sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Chile cometidos entre los años 1973 y 1990.

Una vez fuera del museo se hace difícil no reflexionar sobre aquel 11 de septiembre de 1973 en que la marina chilena, el ejército y los aviones de la fuerza aérea acabaron en una mañana con la república democrática que el socialista Salvador Allende encabezaba desde 1970. Una vez bombardeado el palacio de gobierno, y mientras el último discurso del asediado presidente se difundía por la señal de Radio Portales, empezaba un sangriento proceso de reestructuración política, que Chile aun no olvida y que no debe olvidar, y quizás tampoco perdonar. Esa mañana comenzaba una operación de detenciones, desapariciones y exterminios masivos, impulsados por el gobierno militar, ejecutado por Carabineros, Ejercito y la DINA (policía política) que dejaría, 17 años después, un saldo de 3000 muertos, miles de desaparecidos, decenas de miles exiliados y un país con una herida abierta, una constitución espuria y una revolución económica cuyos costos de implementación fueron altísimos y, como muchas veces antes, los tuvieron que pagar el sector más desfavorecido de la sociedad.

Los Derechos Humanos

Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, son indivisibles, universales, irreversibles y progresivos, y lo más importante son inderogables.

En Chile, entre 1973 y 1990, las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por agentes del Estado, y bajo órdenes directas del Gobierno. Esto no es menor, pues siguiendo las ideas de Pedro Nikken “Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. Él es el responsable de respetarlos y, (…) solo él puede violarlos” (Nikken, P. 2010, pág.: 39) Es decir no todas las ofensas hacia la dignidad de un hombre o una mujer son violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos se caracterizan porque se cometen desde el poder público mediados por las herramientas a disposición de quienes sostuvieran este poder. Es así como en el caso chileno los responsables son los militares que se apoderaron de la dirección del Estado durante 17 años, y usaron organismos del Estatales para perseguir, detener, asesinar, desaparecer y exiliar a miles de chilenos.

Durante casi dos décadas los militares, como un objetivo buscado, menoscabaron de manera arbitraria el goce de derechos humanos en Chile, sin respetar los dos pactos de derechos humanos que el Estado de Chile, a septiembre de 1973, ya había firmado y ratificado. Estos son el “Pacto de derechos civiles y políticos”, y el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”.

La violación a los derechos del “Pacto de derechos civiles y políticos.”

La forma de operar de la dictadura militar en Chile tuvo como resultado la violación sistemática de los derechos consagrados en el pacto de derechos civiles y políticos (1966). Es posible afirmar, de modo general, y basado en los hechos, documentos e informaciones conocidas en la visita al Museo de la Memoria, que en Chile se desestimó y deliberadamente se violó los siguientes artículos del pacto ya mencionado:

  • Artículo 7 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

En Chile a las personas detenidas por la ideología profesada, ya sea porque fueran militantes de partidos declarados como “enemigos de la patria” por el gobierno militar o también activistas políticos, se les torturaba y vejaba de manera cruel. Eran los carabineros, policías de investigaciones y funcionarios del ejército los encargados de secuestrar, torturar y vejar a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Las torturas eran de varios tipos desde el simple secuestro e insultos, hasta la aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo. Muchas víctimas confiesan que se les insultaba, golpeaba, encarcelaba sin comida en cuartos oscuros desde donde solo eran sacados para aplicarles electricidad en los genitales, o sometidas a violaciones sexuales por sus captores; Junto con ello, eran amenazados de muerte, ellos y sus familias y muchos, quienes no resistían las torturas o que eran acribillados a balazos por la policía política eran enterrados en fosas comunes, minas abandonadas o lanzados, atados a rieles de ferrocarril, al mar desde aeronaves de la fuerza aérea. Las torturas más comunes eran golpes, aplicación de electricidad, violaciones por parte de sus captores y también con perros, confinamiento en condiciones infrahumanas, amenazas, asfixias, privación de sueño por periodos de días, entre otros terribles vejamenes.

¿Cuál era el fin de estos procedimientos? El gobierno señalaba que era sólo para extraer información que permitiera perseguir y erradicar el marxismo de la sociedad chilena. Asimismo, es de común conocimiento que la violencia sistemática contra los chilenos, no era con fines tan simples ni cortoplacistas, sino que se enmarcaban en un proceso de adoctrinamiento mediante el miedo y el terror, miedo que 40 años después aún sigue presente en la generación que vivió y sufrió la dictadura militar en Chile.

  • Artículo 9 “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Las detenciones ejecutadas por las policías y la DINA a las personas que consideraban como “enemigos de la patria” fueron arbitrarias, sin justificación judicial y mediante escabrosos procedimientos.

Los hechos hablan por sí solos, muchos sobrevivientes a las torturas señalan que se les secuestraba en plena vía pública o bien en la madrugada, cuando la policía política del régimen militar irrumpía, armados, en las viviendas de los afectados. Otros sobrevivientes señalan que eran abordados en la vía publica, subidos a autos particular sin placa patente y con vidrios polarizados, para posteriormente ser  trasladados, con los ojos tapados con vendas, a cuarteles de la policía o de las fuerzas armadas.

Muchas hombres y mujeres fueron privados de su libertad por largo tiempo después del 11 de septiembre de 1973. Eran efectivos del ejército o de carabineros los encargados de irrumpir, preponderantemente, en las poblaciones mas pobres de Santiago y de otras ciudades, intimidar a sus pobladores con armas, y mediante listas confeccionadas por delatores, otrora militantes de partidos políticos proscritos, o mediante las bases de datos de inscritos en los partidos políticos “marxistas”, llevarlos a lugares como el Estadio Nacional donde eran humillados, vejados, torturados y también asesinados. Lugares desde donde todos los que entraron no salieron con vida y otros simplemente, se les perdió el rastro para siempre.

  • Artículo 18 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.”

Durante la dictadura los partidos políticos de izquierda fueron declarados proscritos y “enemigos de la patria”. La DINA tenia a más de 2/3 de sus integrantes infiltrados en empresas, negocios incluso en familias con el fin de conocer quiénes eran los promotores de las ideas de izquierdas, quienes se declaraban contrarios al régimen o tenían planes de derrocarlo con el fin de neutralizarlos exiliándolos del país, asesinándolos o haciéndolos desaparecer.

  • Articulo 19 “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Durante la dictadura se derogó la libertad de prensa. Algunos periódicos como “El Clarín” y “El Siglo” fueron cerrados y sus editores perseguidos. Otros medios de comunicación como “radio portales” y “radio corporación” sus antenas emisoras fueron bombardeadas el mismo día del golpe militar por aeronaves de la fuerza aérea de Chile. Sus estudios fueron allanados y sus trabajadores llevados a centro de detención. Se iniciaba así un férreo control sobre los medios de comunicación contrarios al régimen golpista.

Los únicos periódicos que pudieron operar libremente fueron “El mercurio”, “La segunda”, “Las ultimas noticias” y “La tercera”, los primeros tres pertenecientes a la familia Edwards, familia que, durante el gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, se marchó a vivir a Estados Unidos y recibió fondos desde el gobierno estadounidense para mantener a flote un diario identificado con el sector más duro y oligárquico de la derecha latifundista chilena.[1]

  • Artículo 22 “1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”

Durante la dictadura militar se prohibió el derecho a reunión, los sindicatos fueron disueltos, al igual que los partidos políticos y el congreso nacional.

La disolución de los sindicatos después del golpe militar fue una pieza fundamental en la construcción del nuevo modelo económico neoliberal en Chile. Los sindicatos, particularmente los mineros, fueron los principales opositores a la instauración del régimen de acumulación flexible y la liberalización de los mercados durante el gobierno de Margaret Tatcher en Gran Bretaña durante los años 70´s. En Chile eso no ocurrió, pues los líderes sindicales fueron perseguidos, torturados y asesinados. Los participantes de los sindicatos del país eran detenidos de maneras arbitrarias y torturados con el fin de extraerles información. Las organizaciones estudiantiles fueron disueltas y se prohibió, mediante la constitución de 1980, la triestamentalidad en las decisiones de las universidades chilenas.

Con esto se buscaba, y durante muchos años se logró, destruir el tejido social y organizativo de la sociedad chilena. Se buscaba despolitizar la sociedad, con el fin de implementar e instaurar cambios duraderos amarrados a una Constitución generada entre cuatro paredes y aprobada, más tarde, por un plebiscito sin registros electorales, en un clima de desconfianza mutua por los constantes espionajes y delatores que estaban en las empresas, servicios públicos, universidades e incluso, en las familias chilenas.

El “Pacto de derechos económicos, sociales y culturales”

El pacto de derechos económicos, sociales y culturales; también ratificado por el Estado de Chile, comprende lo que se denominan como derechos de segunda generación. Son derechos tan fundamentales como los “civiles y políticos” en un contexto de constante y creciente capitalismo neoliberal y de globalización.

De este pacto haré un análisis respecto del artículo que considero más importante en lo que respecta al periodo comprendido entre 1973 y 1990 en Chile:

  • Artículo 9:Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”

La Organización Internacional de Trabajo (1991) define la seguridad social como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” La seguridad social comprende, principalmente, la salud, la previsión social, la maternidad y el seguro de desempleo.

En Chile durante la dictadura se impusieron dos grandes ejes estabilizadores y aseguradores de la continuidad de los cambios impulsados por el régimen: la constitución de 1980 y el modelo económico neoliberal. Ambos sistemas no aseguran en ningún aspecto la seguridad social. Se creó un nuevo sistemas de pensiones que reemplazo al antiguo sistema de reparto; el actual sistema se basa en cotizaciones obligatorias y las pensiones de jubilación con que las personas actualmente jubilan no alcanzan a representar el 50% del sueldo que ganaban cuando estaba laboralmente activos.

La salud es un sistema mixto compuesto por ISAPRES, que son los organismos privados y FONASA que es el sistema público de Salud. El sistema público de salud si bien ha mejorado bastante, es precario, lento y no cubre todas las enfermedades que padecen las personas. La atención en los hospitales públicos es mucho peor que la atención en clínicas privadas causando desigualdad y segregación en las prestaciones de salud a la población, al igual que el sistema educativo.

La maternidad fue recientemente “protegida” durante la actual administración del presidente Sebastián Piñera con el “postnatal de 6 meses” y el “postnatal masculino”; sin embargo, aun los empleadores preguntan sobre los planes de natalidad de la postulante a un trabajo, sobre su estado civil o bien le piden (exigen) que no se puede embarazar durante los primeros años.

El seguro de desempleo es un seguro de carácter tripartito donde aportan el trabajador, el empleador y el Estado. Este seguro de desempleo solo es válido para aquellos contratos posteriores al 2 de octubre del año 2002 que es cuando entro en vigor la modificación a la ley 19.728.

En síntesis el golpe militar de 1973 desencadeno 17 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde los más afectados fueron los derechos civiles y políticos, donde los afectados no fueron solo los detractores del régimen, sino toda la población de Chile, pues fueron coartados derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Además el régimen militar con la constitución de 1980 dio paso a una sociedad donde no se aseguran derechos sociales, una sociedad que acató, no sin reparos, pero si con poca resistencia, una constitución ilegitima y antidemocrática en su origen, individualista y poco protectora de derechos económicos, sociales y culturales en su contenido, amarrada mediante mecanismos legales y también sociales, como lo son el miedo internalizado a toda una generación que padeció el régimen militar y una democracia que se reproduce mediante un sistema de elección binominal donde la representatividad en el congreso no es coherente con el número de sufragios, lo que favorece a los partidos que durante el régimen militar se beneficiaron de la dictadura y avalaron, ya sea por acción u omisión, las violaciones a los derechos humanos.

Bibliografía y Referencias

Bibliografía:

  • Nikken, Pedro. “Sobre el concepto de derechos humanos”. 2010. Bogotá.

Referencias:


[1] “El diario de Agustín” – Documental de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán (2008) link: http://youtu.be/Wvo0939_bSc

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